En la actualidad, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo acaban en la basura. En la Unión Europea, donde los datos no son homogéneos porque cada país los calcula de modo diferente (y algunos ni lo calculan), se estima que el derroche de alimentos asciende a unos 131 kilos por persona y año, con el consiguiente impacto que esas pérdidas tienen para la economía, la sostenibilidad del planeta y el acceso a una alimentación justa y saludable para todas las personas.
La reanudación del trámite de la norma española coincide con la regulación que está preparando también la Unión Europea (UE), que trabaja en un reglamento de residuos que permita la reducción para 2030 del desperdicio alimentario del 10% en la industria y del 30% en el comercio minorista, la restauración y los hogares. En el caso español, el Ministerio de Agricultura y Alimentación aspira a que esta sea una de las primeras leyes que se retome este enero, en el nuevo año político, según adelantó el director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, en la clausura de unas jornadas celebradas el pasado diciembre.
Una vez se tramite la iniciativa en el Consejo de Ministros, Herrero expresó la esperanza de que «pueda salir lo antes posible», aunque queda «mucho trabajo por hacer». A juicio del director general, la pandemia y la inflación han hecho que los ciudadanos estén más concienciados con el valor de los alimentos y los aprovechen mejor. Un mayor conocimiento de las fechas del etiquetado y la planificación de las compras serán, según subrayó, «dos de las palancas» con las que seguir reduciendo el desperdicio.
La ley catalana, parada desde 2020
Mientras tanto, en Catalunya, está previsto que durante el primer semestre de este 2024 se apruebe por fin el reglamento para mitigar el despilfarro alimentario, de acuerdo con la ley aprobada por el Parlament en 2020. También las empresas catalanas estarán obligadas a elaborar un plan de prevención, lo que implica, por ejemplo, que cuando se apruebe el documento para el despliegue de la normativa, los restaurantes con más de 10 empleados deberán disponer de un plan específico para evitar las pérdidas y el despilfarro alimentario.
«Es clave, además, que todas las empresas del sector midan e informen cada año sobre cuántos alimentos se desperdician en sus procesos, porque de esta manera podremos saber de qué punto partimos y trazar estrategias para mejorar», explica el director general de Indústries Agroalimentàries de la Generalitat, Joan Gòdia. También se les pedirá que contabilicen la cantidad de producto que se destinará a donaciones para personas vulnerables y cuánto irá a alimentación animal.
«En principio, la ley catalana, que está más adelantada, encajaría con la española, pese a que hay algunos puntos de discrepancia que esperamos resolver», apunta Gòdia en conversación con este diario. El responsable de Indústries Alimentàries señala el énfasis que hace la normativa autonómica en la prevención y destaca el trabajo de sensibilización que se ha hecho en los cuatro años que la ley lleva aprobada. «Los consumidores, pero también los productores y la industria, tienen cada vez más claro que este es un modo útil y eficaz para contribuir a la defensa del planeta», prosigue.
«Y más en un momento de sequía como el de ahora -añade-. Para que se haga una idea, el agua que se usa para producir los alimentos que luego se despilfarran es el equivalente a 250 kilómetros cúbicos». Con toda esa agua se podrían llenar 1.515 veces el embalse de Sau, uno de los que más está sufriendo actualmente los efectos del déficit hídrico.
También el PP pide más ambición
El proyecto legislativo español, que finalmente decayó en su trámite parlamentario por la convocatoria de las pasadas elecciones generales, contó en su momento con el apoyo del PP. Con todo, Milagros Marcos, portavoz de Alimentación de los populares en el Congreso de los Diputados, reclamó, en las mismas jornadas del pasado diciembre, que «la ley nacional sea mucho más ambiciosa, tenga claro los objetivos, decir a cada uno cómo reducir el desperdicio y facilite los acuerdos entre donantes y entidades de forma proporcionada».
«Esta ley tiene una segunda oportunidad» de salir adelante, destacó Marcos. En el mismo encuentro, organizado por la plataforma Too Good To Go, la diputada del PP apuntó que más del 70% de las empresas españolas cuentan ya con planes de reducción del desperdicio, a diferencia de los hogares y las administraciones públicas, por lo que reclamó una cláusula en los contratos que estas últimas firman con proveedores para garantizar las donaciones.
Ciudadanos concienciados
En el mismo foro, la entidad organizadora dio a conocer datos sobre despilfarro de alimentos en España. Entre otras cifras, reveló que el 73% de los consumidores se muestra «muy preocupado» por el desperdicio alimentario y que un 50% no tiene información suficiente sobre cómo conservar los alimentos de manera adecuada. En la encuesta elaborada por Too Good To Go, el 43% de las personas apenas dedica tiempo para guardar la compra en la cocina, el 31% asegura que tiene pocas habilidades en la cocina para lograr un mejor aprovechamiento, el 30% no sabe calcular bien las cantidades de comida y el 26% carece del tiempo necesario para cocinar.